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william fernando londoño B. 12/05/2010 19:46


PRIMERA PARTE

INTRODUCCIÓN LA MONOGRAFÍA

Esta investigación parte del dato consistente en que el Código Civil Colombiano aprobado en 1887 (y el Código Civil Chileno), consagra en los artículos 1602, 1618 a 1624, la forma común y
tradicional para desarrollar la interpretación de los contratos, cuyos criterios son conocidos como: la voluntad o intención de las partes, el ámbito del objeto, la interpretación sistemática, el
ámbito extensivo de la naturaleza del contrato y el criterio pro deudor.

Estas pautas que dentro de la presente investigación se denominaran tradicionales, son hijas de un momento histórico, de una cultura que las concibió y consignó en una obra mayor, considerando que
ese Código Civil, reflejaba los anhelos y expectativas de su sociedad. El modelo primigenio para su elaboración es el Código Napoléonico, cuyo texto definitivo se constituye en el hito fundante de
una nueva etapa del derecho, bajo el auspicio del racionalismo jurídico, en cuyo cuerpo normativo se pretendió plasmar que sus normas fueran directrices claras, sencillas y determinadas, las cuales
a su vez, respondieran a los ideales de la sociedad en que surgía dicho Estatuto: la Europa ilustrada, particularmente la Francia pos-revolucionaria, donde imperaban los anhelos de libertad,
igualdad y fraternidad; pero a la vez, en cuyo subsuelo del poder estaban las aspiraciones de una clase burguesa en aumento que, perseguía hacerse al dominio de la sociedad y controlar el poder del
soberano a través de la ley.

Refiriéndonos al Código Napoleónico que sirvió de modelo para otros Estatutos, tenemos que sus redactores eran hijos de la ilustración, y como tales, consignaron en su obra las visiones del mundo
que les fueron dadas por el sistema de ideas imperantes en esa época, las cuales a su vez, determinaban su pensamiento y su acción. Los legisladores que encarnaban la nueva forma del príncipe, en
representación del poder soberano del pueblo, como modelo del nuevo sujeto liberado y fortificado por el humanismo secularizador, se concebían a sí mismos como capaces de leer la naturaleza de las
cosas, descifrarla y reproducirla en normas que legítimamente pudieran pensarse como universales y eternas, como traducción en reglas sociales de aquella armonía geométrica que sustentaba el mundo.
“Manifiesto es aquí el fundamento iusnaturalista que vetea de sentido ético la certeza de la que el Código se hace portador, ya que cuando se es capaz de leer en la naturaleza de las cosas, la veta
ética es cierta aunque en el fondo ya no exista el Dios-persona de la tradición cristiana sino una vaga divinidad panteísticamente percibida; y cierta es la mitificación” (Grossi, Paolo. P. 72 y
73)

Con el paso del tiempo, las sociedades que otrora fueron agrícolas y semiurbanas, en virtud del proceso de industrialización promovido por el auge del capitalismo, comienzan a ver el incremento
paulatino y luego desmedido de sus núcleos urbanos, hasta las nuevas metrópolis actuales, cuya densidad de población, de necesidades, de servicios etc. etc., no sólo es pasmoso sino también
complejo; pero a su vez, particularmente, dicha aglomeración de personas genera nuevos modelos de relaciones sociales mediados por la técnica, la informática, las comunicaciones, el poder de los
grupos económicos, los productos en masa, etc, etc, formas de relación que se proyectan a las zonas no urbanas, y que se apartan de aquellas relaciones que eran conocidas para el momento en que
fueron redactadas las normas del corpus civiles, desde las cuales se podían prever los eventuales conflictos que eran comunes en el tráfico social y comunitario. Desde la filosofía moderna en que
se inspiró la conformación de las leyes civiles, el tiempo era disuelto en un presente perpetuo, sin pasado ni futuro, por el hecho de que los principios inscritos en el corazón del individuo eran
eternos. Para los redactores del Código Napoleónico, las leyes tenían vocación de perpetuidad (Arnaud, 2000. p. 254).
Como miembros de las sociedades en la cuales habitamos, vivimos y morimos, somos testigos excepcionales de un cambio profundo en nuestra forma de ver el mundo, donde las formas de pensar, la
fórmulas, dogmas e ideologías, por valiosas o útiles que hayan sido en el pasado, no se adecúan ya a los hechos que nos presenta el mundo actual, y el hecho de que prácticamente se utilice el mismo
lenguaje para referirnos a las realidades jurídicas, debemos precisar que éstas ya no tienen los mismos fundamentos. Estamos ante un nuevo estadio dentro de la evolución cultural humana que emerge
de la confrontación de nuevas ideas y tecnologías, nuevas relaciones geopolíticas, nuevos estilos de vida y modos de comunicación, lo cual a su vez exige ideas, conceptos, clasificaciones y formas
de análisis completamente nuevos (Farina, Juan M. 2005. P. 1). Es indispensable tomar conciencia de que “nuestros derechos estaban fundados en una filosofía jurídica y política elaborada desde la
Baja Edad Media hasta la Ilustración. Las circunstancias económicas, políticas y sociales que rodearon la emergencia de este pensamiento no tenían, claro ésta, nada que ver con la globalización tal
y como se impone en nuestra época” (Arnaud, 2000, p. 246).

En estos momentos la dinámica actual de la sociedad se ve reflejada en el seno del poder Legislativo, el cual se caracteriza por una suerte de compulsión general a la creación incesante de normas
jurídicas, con lo cual se multiplica el riesgo de la incertidumbre, entendida ésta como el no poder saber con precisión lo que jurídicamente se es, no poder saber qué sujeto de derecho se es, no
poder conocer el alcance del status en una relación dada, o no poder determinar el contenido y los límites de los propios derechos y deberes. La indeterminación del derecho es lo que genera la
incertidumbre (Laporta, Francisco, 2009, p. 55 y 55).

Como espectadores y participantes de nuestra realidad, vemos con asombro como en muchos casos las reglas por sí mismas no son factor de seguridad jurídica, pues surgen en un escenario de
hiperinflación normativa, que afecta la certeza del derecho por las condiciones en que opera el Legislador, ya que el sistema de producción normativo se da en un proceso complejo de fricciones y
contradicciones de abierta rivalidad, movidos por intereses que son legítimos en términos democráticos y otros que no satisfacen dichos requerimientos. A partir de la movilidad social, los órganos
legislativos se ven envueltos en procesos de creación normativa coyuntural, al servicio de objetivos cambiantes, bajo la presión de factores que escapan a su control, realizado a menudo con
información incompleta sobre las circunstancias en las que habrá de aplicarse y sobre las consecuencia de su aplicación. Como lo plantea Rodilla: “Un sistema jurídico en continúa agitación termina
zarandeando las expectativas individuales, y corre el peligro de ser percibido por los ciudadanos como una trampa en la que están condenados a caer inadvertidamente más que como una garantía
pública de los resultados predecibles de sus decisiones” (Rodilla, Miguel. 2009, p. 27). En este proceso legislativo no se puede desconocer que, las causas económicas y sus consecuencias se
encuentran entremezcladas de un modo que nos parece al límite del desorden, muy difícil de aprehender frente al número colosal de datos contradictorios y de conexiones entramadas (Arnaud, 2000. P.
261).

Bajo los signos actuales de nuestra sociedad, el orden rey que otrora gobernara se ve desplazado por el caos y la incertidumbre . En esta medida, las reglas como soluciones previsibles para los
acontecimientos conflictivos pierden certeza y se tornan contingentes para la solución de las disputas, lo cual en nuestra consideración, amerita un esfuerzo para encauzar adecuadamente el proceso
de aplicación del derecho dentro del sistema jurídico actual, mediado por la ideología de los Estados Constitucionales de Derecho, surgidos a partir de la segunda guerra mundial, donde se ha
querido dar preponderancia a la dignidad humana como premisa antropológico-cultural que se constituye en el eje transversal de todo el sistema jurídico; la cual conduce a la democracia como una
“consecuencia orgánica” (Haberle, Peter, 1998. P.45); así como al conjunto de los demás derechos fundamentales, que pueden variar de un contexto cultural a otro, cuyo conjunto armónico (es lo
pretendido), persigue que todos los ciudadanos y grupos intenten cada vez y siempre de nuevo, comportarse adecuadamente y soportarse mutuamente.

Circunscribiéndonos al espacio de las relaciones contractuales, la realidad actual del mundo afecta ineludiblemente el mundo de los contratos, porque exige nuevas creaciones, competencias,
disposiciones, acoplamientos mediante los cuales las relaciones comerciales puedan ajustarse a las dinámicas del comercio que son a la vez exigentes y cambiantes. En este punto, debemos precisar
que por regla general, nuestra educación de juristas fue diseñada para acostumbrarnos a pensar que todo derecho descansaba a imagen y semejanza del derecho sobre el cual vivíamos, sobre la
existencia de una cuantas clases de status; donde cada individuo sabía, en cada ocasión, qué papel se esperaba de él, y que papel tenía derecho a esperar del otro, y que no podía ser de otra manera
(Arnaud, 2000. p. 260).